2 de
septiembre de 2020
México: Hostigamiento, vigilancia y amenazas en contra de la defensora ambiental Diana Bobadilla Martínez
La noche del 31 de agosto
de 2020, patrullas de la policía municipal de Metepec, Estado de
México realizó repetidos patrullajes alrededor de la casa de la
defensora de derechos ambientales Diana Bobadilla Martínez,
fotografiándola fuera de su casa. Esta fue la última de una serie
de amenazas que la defensora ha recibido desde mediados de agosto de
2020, incluyendo una citación judicial relacionada con su
participación en una protesta pacífica en octubre de 2019.
Diana
Bobadilla es defensora de los derechos ambientales en el municipio de
Metepec en el Estado de México. Diana es vocera del Colectivo
Abracemos el Parque la Pila, un movimiento civil que defiende la
conservación del Parque San José La Pilita ubicado en el Valle de
Toluca. Diana Bobadilla es también cofundadora y presidenta de la
Fundación Xihmai A.C, una asociación juvenil sin fines de lucro,
constituida para la promoción de la justicia ambiental en México.
Actualmente la defensora se desempeña como asistente de
Dirección del MYWORLD MÉXICO, una iniciativa de la Campaña de
Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas (agenda 20/30).
El 31 de agosto de
2020, agentes de la policía municipal de Metepec realizaron
numerosos patrullajes alrededor de la casa de la defensora Diana
Bobadilla. Con las luces apagadas de la patrulla, pasaron por su casa
y le tomaron fotos. Previamente, el 28 de agosto de 2020, la Diana
Bobadilla y el defensor Óscar Campiran, quien también es
integrante del Colectivo Abracemos el Parque la Pila, realizaron una
solicitud formal para unirse al Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 22 de
agosto de 2020, el defensor Óscar Campiran recibió un mensaje de
texto en su teléfono móvil con una amenaza de muerte dirigida
contra él y la defensora Diana Bobadilla.
El 13 de agosto
de 2020, la defensora Diana Bobadilla recibió una citación de la
policía municipal de Metepec para comparecer ante la Fiscalía.
Durante la visita, los agentes de policía intimidaron a la defensora
y su familia, golpeando las rejas de su casa y utilizado un lenguaje
misógino. La citación está relacionada con un cargo que se le
imputa por “Ataque a las vías de comunicación y medios de
transporte”. La acusación se relaciona con su participación en
una manifestación pacífica el 21 de octubre de 2019, contra la
detención arbitraria de Verónica Hernández y Guillermo Sánchez,
integrantes del Colectivo Abracemos el Parque la Pila. Otros
integrantes del Colectivo fueron citados por el mismo cargo dos
semanas antes.
El hostigamiento hacia las y los
integrantes del Colectivo Abracemos el Parque la Pila, comenzó luego
de la instalación de un campamento de protesta pacífica el 12 de
octubre de 2019 en la entrada del Parque San José La Pilita. El
campamento se instaló en oposición a la aprobación del
Ayuntamiento de Metepec de la construcción de una sede de la Guardia
Nacional en el Parque.
El 25 de octubre de 2019, las y los
manifestantes del campamento fueron intimidados por integrantes
fuertemente armados del grupo Pantera (grupo táctico de seguridad
pública del municipio de Metepec). Estos fueron acompañados
integrantes de la Fiscalía General de la Nación y otros
funcionarios públicos. El incidente ocurrió cuando los funcionarios
públicos visitaron el parque San José La Pilita, alegando que
atendían denuncias de la sociedad civil sobre una posible tala de
árboles. Tras su visita, el Director de Servicios Públicos acusó a
las y los defensores de hacer uso de palos de escoba para amedrentar
e intimidar a los funcionarios públicos que visitaron el campamento.
24 de
septiembre de 2020
Declaración conjunta:
Creciente preocupación a medida que Venezuela sigue atacando al movimiento de
derechos humanos
Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers están profundamente
preocupados por los continuos ataques contra defensores de derechos humanos,
incluidos abogados y organizaciones sin fines de lucro, en Venezuela en el
contexto de la continua crisis humanitaria y su exacerbación causada por el
impacto del COVID-19. Según organismos locales e internacionales, incluida la Misión
Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
las violaciones de derechos humanos tienen lugar sistemáticamente en el país y
se dirigen principalmente a: manifestantes antigubernamentales; organizaciones
sin fines de lucro que brindan ayuda humanitaria; periodistas que informan
sobre la situación de los derechos humanos (como las condiciones precarias en
los hospitales); sindicalistas; profesionales de la salud denunciando las
pésimas condiciones laborales; abogados que ejercen su profesión jurídica y
defienden los derechos humanos de sus clientes (como pacientes a los que se les
ha negado tratamiento médico). El 16 de septiembre de 2020, Front Line
Defenders y Lawyers for Lawyers enviaron una carta a las autoridades
venezolanas y otras partes interesadas relevantes para expresar su preocupación
por el acoso judicial al defensor de derechos humanos y abogado Henderson Maldonado .
Si bien la aguda crisis de derechos humanos se ha agravado aún más
desde 2015, un gran número de civiles y defensores de derechos humanos, en
particular periodistas y abogados, están siendo criminalizados o detenidos por
realizar sus actividades profesionales y por estar presentes en manifestaciones
relacionadas con el acceso. a los servicios públicos y tratamientos médicos.
Los cargos de "traición", "insurrección" (rebelión) y
"asalto a guardias" (ataque al centinela) se encuentran entre los más
utilizados para criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos a la
libertad de expresión y reunión pacífica.
La detención arbitraria, tortura y hostigamiento judicial del abogado
y defensor de derechos humanos Henderson Maldonado refleja esta preocupante
tendencia a la criminalización. Maldonado es el coordinador legal del Movimiento Vinotinto sin
fines de lucro y miembro activo de la Red de
Derechos Humanos del Estado Lara , Civilis Derechos Humanos y el Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos ( PROVEA ). Ha defendido a
más de 200 personas que han enfrentado la represión estatal en el contexto de protestas
pacíficas, entre ellas docentes, sindicalistas, trabajadores de la salud,
personas con enfermedades graves, artistas y familiares de personas asesinadas
como resultado de la violencia policial.
Henderson
Maldonado fue detenido arbitrariamente el 31 de marzo de 2020 y
agredido físicamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (BNG)
en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, mientras grababa un video de una
manifestación organizada por enfermos renales que él representa. A los
pacientes se les negó el acceso a tratamiento médico debido a restricciones
relacionadas con COVID-19. Durante su detención, Maldonado fue amenazado,
torturado y sometido a tratos crueles y degradantes por parte de
funcionarios del BNG. El abogado defensor de los derechos humanos fue puesto en
libertad el 1 de abril de 2020, sin embargo, la Fiscalía Superior del Estado
Lara lo acusó de "incitación a la violencia" y "resistencia a la
autoridad" (artículos 285 y 218 del Código Penal), y le impuso una medida
cautelar. requiriéndole que se presente ante el tribunal cada 30 días. Es con
gran preocupación que Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers hayan escrito
una carta a las autoridades venezolanas y otros actores relevantes para
solicitarles respetuosamente e instarlos a que desestimen el caso contra
Maldonado y garanticen en todas las circunstancias que todos los defensores de
derechos humanos y abogados en Venezuela pueden ejercer sus legítimos derechos
y deberes profesionales sin temor a represalias y libres de todas las
restricciones, incluido el acoso judicial.
Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers destacan enfáticamente que
las violaciones que enfrenta el abogado de derechos humanos Henderson
Maldonado, no corresponden a un caso aislado, sino a una amplia estrategia de
persecución, estigmatización y criminalización sistemática de defensores y
defensoras de derechos humanos, incluidos abogados, en Venezuela. Recordamos
respetuosamente a las autoridades que Venezuela que la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, reconoce la
legitimidad de las actividades de los defensores de derechos humanos, su
derecho a la libertad de asociación y realizar sus actividades sin temor a represalias.
En este contexto, solicitamos a las autoridades venezolanas que adopten sin
demora mecanismos efectivos para reconocer la valiosa labor que realizan las
defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos abogados, y garantizar
su protección frente a detenciones arbitrarias, encarcelamiento o exilio y la
protección de toda persona en forma individual o colectivamente, contra toda
violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o cualquier otra
acción arbitraria que resulte del legítimo ejercicio de los derechos
mencionados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Firmado:
Defensores de primera línea
Abogados para abogados
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Declarción Conjunta: Crece preocupación por
la continua opresión al movimiento de derechos humanos en Venezuela
Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers están profundamente
preocupados por los continuos ataques en contra personas defensoras de derechos
humanos, incluidos abogados / as y organizaciones sin ánimo de lucro en
Venezuela, en el contexto de la persistente crisis humanitaria y su exacerbación
causada por el impacto del COVID-19. Según organismos locales e
internacionales, entre estos, la Misión
Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
, las violaciones de derechos humanos en el país son de carácter sistemático y
son dirigidas principalmente a: manifestantes antigubernamentales;
organizaciones sin ánimo de lucro que brindan ayuda humanitaria; periodistas
que informan sobre la situación de los derechos humanos (como las condiciones
precarias en los hospitales); sindicalistas; profesionales de la salud que
denuncian las pésimas condiciones laborales; y abogados que ejercen su
profesión jurídica y defienden los derechos humanos de sus clientes (como
pacientes a los que se les ha negado tratamiento médico). El 16 de septiembre
de 2020, Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers enviaron una carta a las
autoridades venezolanas y otras partes relevantes para expresar su preocupación
por el acoso judicial al defensor de derechos humanos y abogado Henderson Maldonado .
Si bien la aguda crisis de derechos humanos se agravó desde el 2015, en el
presente año, un gran número de civiles y personas defensoras de derechos humanos,
-en particular periodistas y abogados / as-, son objeto de criminalización y /
o detenciones arbitrarias por realizar sus actividades profesionales y por
participar en manifestaciones pacíficas relacionadas con el acceso a los
servicios públicos y tratamientos médicos. Los cargos de "traición",
"insurrección", "rebelión" y "ataque a guardias"
se encuentran entre los más utilizados para criminalizar el ejercicio legítimo
de los derechos a la libertad de expresión y asociación pacífica.
La detención arbitraria, tortura y hostigamiento judicial en contra del abogado
de derechos humanos Henderson Maldonado, refleja esta preocupante tendencia a
la criminalización. El señor Maldonado es el coordinador legal del Movimiento Vinotinto sin
multas de lucro y miembro activo de la Red de
Derechos Humanos del Estado Lara , Civilis Derechos Humanos y el Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos ( PROVEA ). Henderson
Maldonado ha defendido a más de 200 personas víctimas de la represión estatal
en el contexto de protestas pacíficas, entre ellas docentes, sindicalistas,
trabajadores de la salud, personas con enfermedades graves, artistas y
familiares de personas asesinadas como resultado de la violencia policial.
Henderson
Maldonado fue detenido arbitrariamente el 31 de marzo de 2020 y
agredido físicamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (BNG)
en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado de Lara, mientras grababa un video
de una manifestación organizada por enfermos renales que él representa . A los
pacientes se les negó el acceso a tratamiento médico debido a restricciones
relacionadas con COVID-19. Durante su detención, el señor Maldonado fue amenazado,
torturado y sometido a tratos crueles y degradantes por parte de
funcionarios del BNG.
El abogado de derechos humanos fue puesto en libertad el 1 de abril de 2020,
sin embargo, la Fiscalía Superior del Estado de Lara lo acusó de “incitación a
la violencia” y “resistencia a la autoridad” (artículos 285 y 218 del Código
Penal ), y le impuso una medida cautelar requiriéndole que se presente ante el
tribunal cada 30 días. Es con gran preocupación que Front Line Defenders y
Lawyers for Lawyers han escrito una carta a las autoridades venezolanas y otras
partes relevantes para solicitar respetuosamente e instarlos a que desestimen
el caso contra el señor Maldonado y garanticen en todas las circunstancias que
todas las personas defensoras de derechos humanos y abogados / as en Venezuela
pueden ejercer su profesión y su trabajo legítimo en defensa de los derechos
humanos, sin temor a represalias y libres de toda restricción, incluido el
hostigamiento judicial.
Front Line Defenders y Lawyers for Lawyers destacan enfáticamente que las
violaciones que enfrenta el abogado de derechos humanos Henderson Maldonado, no
corresponde a un caso aislado, sino a una amplia estrategia de persecución,
estigmatización y criminalización sistemática en contra de defensores y
defensoras de derechos humanos , incluyendo abogados / as, en Venezuela. Front
Line Defenders y Lawyers for Lawyers le recordamos respetuosamente a las
autoridades que Venezuela que la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, reconoce la legitimidad de las
actividades de las y los defensores de derechos humanos, su derecho a la
libertad de asociación y realizar sus actividades sin temor a represalias. En
este contexto, solicitamos a las autoridades venezolanas que adopten sin demora
mecanismos efectivos para reconocer la valiosa labor que realizan las
defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo los abogados / as, y
garantizar su protección frente a detenciones arbitrarias, encarcelamiento o
exilio y la protección de toda persona en forma individual o colectivamente,
contra toda violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o
cualquier otra acción arbitraria que resulte del legítimo ejercicio de los
derechos mencionados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Defensores de primera línea
Abogados para abogados